Artículo publicado en el diario Hoy el 25 de febrero de 2017.
En los últimos años, son muchas las voces que vienen reclamando una reforma constitucional. Sin ir más lejos, Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón acaban de enviar una carta al nuevo Gobierno, exigiendo que se reforme el artículo 53. Pretenden así que se acabe con la jerarquía existente entre los derechos de primera, o que gozan de una protección máxima, y los derechos de segunda, reconocidos únicamente como principios rectores de la política social y económica, pero que no pueden ser exigidos por la ciudadanía ante los tribunales. Esta diferencia es la responsable de que nuestra Carta Magna haya dejado desamparada a miles de familias desahuciadas, sin que ninguna de nuestras instituciones constitucionales, si siquiera el Defensor del Pueblo, hay movido un dedo. Todo está dependiendo de la buena voluntad del legislador ordinario (en la práctica, el Gobierno de turno). Frente a las críticas, los partidos constitucionalistas suelen esgrimir que nuestra Carta Magna, a pesar de sus limitaciones, es el mejor texto posible; no solo porque sea garante de la unidad de España y de la igualdad de todos los españoles sino porque es el mejor muro protector frente a cualquier <<Gobierno revolucionario>> que tuviera la tentación de violar derechos fundamentales. Los padres de nuestra Constitución, conscientes de las atrocidades cometidas en el siglo XX, se inspiraron en la Ley Fundamental de Bonn de 1949 que, para protegerse de los horrores del nazismo, incluyó una <<cláusula de eternidad>> para la defensa de los derechos fundamentales que permitía parar en seco cualquier pretensión totalitaria. Por este motivo, la Constitución Española tiene un procedimiento tan rígido para ser reformada, ya que pretende que, en la práctica, sea imposible que cualquier Gobierno elegido democráticamente haga en España lo que Hitler hizo en Alemania.
Marine Le Pen acaba de prometer que si gana las elecciones presidenciales francesas va a imponer una tasa del 10% a las empresas que contraten trabajadores extranjeros o comunitarios, además de reservar ciertos derechos como la educación gratuita para los franceses. Los populismos de extrema derecha tienen muy fácil explicar a sus votantes que para proteger convenientemente sus derechos solo tienen que violar los derechos de los no nacionales. Cualquier persona comprende fácilmente que, si hay un muro que defiende prioritariamente mis privilegios frente a los de fuera, tiene sentido haber nacido francés.
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| Imagen tomada del telediario de Televisa. Véase You tube |
Son los muros levantados en las fronteras los que de nuevo vienen a ofrecernos la seguridad que la <<sociedad globalizada del riesgo>> nos ha quitado. Dentro de esta lógica, es más factible levantar muros que defender medidas utópicas como la renta básica o una distribución más equitativa de la riqueza. Las políticas de austeridad han conseguido que las medidas que han formado parte del sentido común de los Estados sociales de Derecho sean concebidas ahora como puros despropósitos quijotescos. De la premisa <<no ha dinero para todos>> se deduce, feliz y consecuentemente, la necesidad de construir muros físicos y jurídicos. No sabemos si en España un discurso similar está ya instalado en el sentir de una mayoría de votantes. Sea como fuere, los partidos políticos que con tanto ahínco defienden ahora la Constitución de 1978 deberían decir alto y claro que defender los derechos de los nacionales a costa de violar los derechos humanos no solo es inmoral e inconstitucional, sino que, como la historia nos ha enseñado, tiene consecuencias catastróficas para todos. Si los textos constitucionales vuelven a manipularse para convertirse en muros defensivos nadie estará a salvo. La sentencia de Walter Benjamin lo expresó con absoluta rotundida: << ni los muertos estarán seguros ante el enemigo si este vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer>>.
Raúl Fmez
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